El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cerró su testimonio con un ataque directo a la Fiscalía mientras continúa el juicio en su contra por corrupción, un caso que mantiene bajo presión la confianza en las instituciones y la exigencia de que las reglas sean iguales para todos.
Según el texto publicado, Netanyahu denunció persecución política e insistió en su inocencia, pero el proceso judicial sigue abierto y lo enfrenta a cargos por fraude, soborno y abuso de confianza. El episodio vuelve a colocar en el centro el interés público sobre cómo se tramitan los casos que involucran a altos funcionarios y si el sistema aplica con el mismo rigor para cualquier ciudadano.
Más allá de su defensa, el desarrollo del juicio mantiene la atención sobre la necesidad de que la justicia actúe con independencia y sin privilegios. Cuando un jefe de gobierno acusa a la Fiscalía mientras es juzgado, el debate deja de ser solo personal y se convierte en una prueba institucional: si las reglas y los controles valen por igual para quienes gobiernan y para el resto de la sociedad.
El caso permanece en curso y, por ahora, la conclusión de su testimonio no cierra el fondo de la controversia. Lo que sigue en juego es la credibilidad del proceso, la transparencia de las instituciones y la percepción ciudadana sobre si el poder político puede ser fiscalizado sin excepciones.