El presidente Luis Abinader rubricó este miércoles un acuerdo de colaboración entre la Consultoría del Poder Ejecutivo y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) para respaldar la elaboración, revisión y consulta de anteproyectos de leyes, reglamentos y otros instrumentos jurídicos de interés institucional. El convenio tendrá una vigencia de dos años y se aplicará mediante protocolos específicos que establecerán objetivos, alcances, condiciones y cronogramas de trabajo, sin que surjan obligaciones pecuniarias automáticas, además de incorporar mecanismos de confidencialidad y seguimiento técnico.
La propuesta contempla estudios técnicos, diagnósticos, informes, propuestas normativas, capacitaciones, conferencias y proyectos formativos, junto con espacios de diálogo con juristas, organizaciones sociales y ciudadanía. Aunque el Gobierno presentó el acuerdo como una vía para fortalecer la institucionalidad democrática y modernizar el marco jurídico, el alcance del convenio también pone de relieve la necesidad de fiscalizar cómo se diseñan y revisan las reformas legales desde el Poder Ejecutivo y bajo qué criterios se convierten en resultados concretos.
El documento fue firmado por Abinader, en representación del Poder Ejecutivo, y por el presidente de Finjus, Rafael del Toro Gómez. Como testigos suscribieron el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, y el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán. En el acto, el mandatario afirmó que su gobierno defiende el valor de una sociedad civil activa, crítica y comprometida, y sostuvo que gobernar bien supone escuchar y abrir espacios de participación, una declaración que eleva la presión para que esos mecanismos de consulta y seguimiento no se queden únicamente en el plano formal.