La advertencia del presidente Luis Abinader sobre los riesgos de que los ciudadanos cedan libertades a cambio de seguridad o comodidad reintroduce un debate que también obliga a revisar la actuación del poder frente a esos mismos principios. Al recibir el galardón “Champion of Freedom Award”, otorgado por el Centro Adam Smith, de la Universidad de la Florida, el mandatario afirmó que su gobierno ha asumido el compromiso de fortalecer las instituciones, garantizar transparencia y proteger el Estado de derecho.
El señalamiento sobre el debilitamiento de la democracia en América Latina coincide con una realidad regional en la que gobiernos han restringido derechos como la libre expresión del pensamiento, la libertad de prensa y la libertad de reunión con fines pacíficos bajo la promesa de controlar la delincuencia y la criminalidad. En ese contexto, el propio debate planteado por Abinader refuerza la necesidad de vigilancia ciudadana para evitar que el discurso de seguridad termine justificando represión política, económica y social, así como ejecuciones extrajudiciales y apresamientos ilegales.
Aunque el texto resalta la madurez y resiliencia de la democracia dominicana, también admite que el peligro de sacrificar libertades por seguridad ha estado latente por muchos años. Como ejemplo vinculante con esa advertencia, se citan las más de 360 muertes en los últimos tres años de supuestos delincuentes en alegados intercambios de disparos con agentes policiales, un dato que coloca en primer plano la exigencia de rendición de cuentas y el contraste entre la defensa pública del Estado de derecho y los resultados que siguen generando alarma institucional.