Un caso ocurrido en una oficina del Intrant volvió a colocar la discusión sobre la licencia de conducir para envejecientes en torno a cómo el Estado aplica controles que impactan de forma directa a los ciudadanos. Tras renovar su documento por dos años, un conductor cuestionó la limitación, alegó una violación constitucional y sostuvo que se trataba de discriminación por edad.
La reducción de la vigencia para mayores de 65 años no es una disposición nueva: está incluida en el decreto-reglamento 6-19, emitido por el entonces presidente Danilo Medina. En las categorías 01, 02 y 05, la validez pasa a ser de dos años, mientras que en las profesionales 03 y 04 se reduce a un año, con el argumento de mantener una evaluación constante de las condiciones de salud para fines de seguridad vial.
El texto defiende la medida como una decisión de lógica científica y recuerda que restricciones parecidas existen en otros países, pero el episodio descrito también deja planteada una cuestión de fondo: no solo importa la norma, sino la forma en que se aplica. En un asunto tan sensible como la movilidad y la seguridad vial, el debate vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de vigilancia institucional, criterios claros y explicaciones suficientes para evitar que controles legítimos terminen percibiéndose como arbitrariedad o maltrato ciudadano.