Pagar alimentos, combustible y otras cuentas del hogar con tarjeta de crédito ya no aparece solo como una salida práctica, sino como una señal de presión creciente sobre las finanzas de las familias. El caso de María, que termina cubriendo apenas el pago mínimo mientras su deuda sigue aumentando mes a mes, retrata el costo social de un mecanismo que resuelve una urgencia inmediata, pero también puede profundizar la fragilidad financiera cuando el ingreso no alcanza.
En República Dominicana, las tarjetas de crédito suelen presentarse como una vía de inclusión financiera y de acceso al financiamiento formal. Sin embargo, su expansión también exige mirar con atención los resultados reales para los ciudadanos. El propio escenario descrito en la información muestra esa brecha: el salario promedio de los trabajadores formales no supera los RD$30,000, mientras la canasta básica nacional llegó a RD$50,255.05 a octubre de 2026. En ese contexto, recurrir al crédito para gastos corrientes no representa necesariamente un avance en bienestar, sino el traslado al mes siguiente de una carga que muchas veces ya nace desbordada.
La advertencia adquiere mayor peso si se toma en cuenta que el 54.7% de las más de cuatro millones de tarjetas vigentes se concentra en rangos de límites aprobados que no superan los RD$50,000. Ese dato confirma acceso al financiamiento, pero también deja planteada una alerta institucional sobre la manera en que se gestiona una realidad en la que disponer de un límite no equivale a contar con ingresos adicionales. Más que celebrar el instrumento, el énfasis queda en la rendición de cuentas sobre una economía doméstica en la que el crédito acaba cubriendo lo que el salario no logra sostener.