La detención de Holger Insfrán, superintendente de Bancos de Paraguay, durante un allanamiento en su casa de Asunción, vuelve a poner el caso Ueno Bank en el centro de la rendición de cuentas institucional. El funcionario, que asumió el cargo en abril de 2024, quedó bajo custodia del Departamento Contra el Crimen Organizado mientras siguen las pesquisas sobre las operaciones financieras que antecedieron al colapso y a la posterior disolución de la entidad.
Las fiscales examinan operaciones crediticias sin garantías suficientes y presuntas infracciones a los límites establecidos para préstamos a empresas y personas vinculadas con el grupo controlador del banco. De acuerdo con los informes citados, ese escenario comprometía la sostenibilidad financiera de Ueno Bank y ponía en riesgo los ahorros de sus clientes, lo que abre un contraste entre la tarea de supervisión y el desenlace que finalmente se produjo.
El expediente también le da mayor peso a la fiscalización impulsada por la oposición: Insfrán aparece en una denuncia presentada por diputados opositores, que habían solicitado su inclusión en la investigación. Tras la caída de la solvencia de Ueno Bank por debajo de la mitad del mínimo regulatorio, el escándalo derivó además en repercusiones políticas y reactivó los cuestionamientos sobre los mecanismos de control, en una señal de alerta institucional sobre cómo una crisis financiera puede escalar hasta el poder.