La derogación en septiembre del decreto que protegía el arroz nacional dejó al gobierno dominicano bajo una pregunta de fondo: si la preferencia del consumidor basta para sostener al productor cuando la competencia es desigual. El propio texto pone sobre la mesa una advertencia incómoda para la gestión de Luis Abinader: en Haití, el gusto por variedades locales no evitó que creciera la dependencia del arroz importado tras la apertura.
Ese antecedente se vuelve más sensible por las debilidades que siguen pesando sobre la producción. En 2024, el rendimiento dominicano rondó las 5.3 toneladas por hectárea, frente a 9.4 en Estados Unidos, una distancia que obliga a revisar costos, tecnología y apoyo al sector antes que descansar en el discurso de preferencia del mercado. La referencia a Haití también subraya el costo de abrir sin corregir vulnerabilidades previas, como ocurrió allí con escaso capital, semillas deficientes, canales deteriorados y poca mecanización.
Aunque República Dominicana no es Haití y su producción cubrió cerca del 96 % del consumo estimado en 2025, el contraste entre esa fortaleza y la eliminación de la protección reabre una alerta institucional. En un contexto en que el texto advierte que el sistema tributario dominicano parece haber llegado a su límite, la discusión deja de ser solo agrícola: pasa a ser una prueba de gestión y de rendición de cuentas para el Gobierno y para el Congreso sobre prioridades, respaldo productivo y capacidad real de prevenir una dependencia que luego resulte más costosa para el país.