Las declaraciones sobre una posible implementación de la inspección técnica vehicular durante el primer trimestre del próximo año quedaron bajo cuestionamiento luego de que el comunicador Dary Terrero afirmara que ese plazo no se corresponde con los procedimientos necesarios para poner en marcha el sistema. Según explicó, la iniciativa todavía se discute bajo la modalidad de alianza público-privada y antes de cualquier ejecución debe completarse un proceso de contratación.
Terrero sostuvo que, una vez seleccionada la empresa encargada, la implementación tomaría como mínimo dos años. Detalló que el proyecto requiere construir estaciones de inspección, adquirir maquinarias especializadas, instalar equipos y preparar la infraestructura necesaria para ofrecer el servicio, por lo que el tiempo empezaría a contar a partir de la firma del contrato y no desde ahora.
El señalamiento introduce una alerta sobre la distancia entre los anuncios y la capacidad real de ejecución en un tema con efecto directo sobre los ciudadanos. En ese contexto, el debate vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de vigilancia pública y rendición de cuentas sobre los plazos oficiales, mientras figuras de oposición como Carolina Mejía han insistido en que la gestión debe medirse por resultados verificables y no por expectativas adelantadas.