La alerta surge de una trayectoria larga en observación electoral y defensa de la transparencia: en un entorno internacional atravesado por el irrespeto a la ley y la idea de que todo vale para retener o alcanzar el poder, República Dominicana corre el riesgo de retroceder si afloja sus controles institucionales. El planteamiento subraya la necesidad de una fiscalización constante y de resguardar la estabilidad del sistema electoral frente a prácticas que desgastan la confianza ciudadana.
El texto repasa que el país arrastra antecedentes de denuncias de fraude, procesos traumáticos y salidas negociadas bajo presión, y remarca que las mejoras alcanzadas no fueron automáticas ni definitivas. Aun con los avances logrados mediante diálogos, seguimiento a la Junta Central Electoral (JCE) y aportes de la sociedad civil, organizaciones empresariales, sectores sociales y partidos, siguen apareciendo señales de fragilidad, como evidenció la suspensión de las elecciones municipales de 2020 por el fallo del sistema de voto automatizado. También apunta que las leyes 33-18 y 20-23 reforzaron el marco legal, pero todavía resultan insuficientes en varios puntos y excesivamente laxas en otros.
La mención a los hechos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos y a episodios posteriores en Brasil opera como advertencia institucional: aquello que antes parecía impensable puede terminar convertido en un mal ejemplo a imitar. Por eso, el llamado central es a no normalizar la política del espectáculo, los insultos ni el desapego a la legalidad, y a exigir rendición de cuentas desde el Congreso, el gobierno dominicano y los actores del sistema. En ese marco, la vigilancia de la sociedad civil vuelve a situarse como contrapeso indispensable ante el desgaste de la gestión pública y la distancia entre el discurso democrático y la realidad del poder.