La autorización de US$600 millones en préstamos volvió a poner bajo la lupa la coherencia fiscal del Gobierno, en medio de reparos sobre austeridad, calidad del gasto y sostenibilidad de la deuda pública. El economista Winston Marte sostuvo que la discusión no debería limitarse a cuánto se toma prestado, sino a para qué se asume esa deuda, qué rendimiento económico y social tendrá y si el Estado aplica la misma disciplina fiscal que exige a la población.
Marte explicó que US$400 millones del monto aprobado irían a un programa integral de agua potable, saneamiento y reúso en Punta Cana, una inversión que favorecería sobre todo a grandes cadenas hoteleras de esa zona turística. Frente a ese panorama, planteó valorar alianzas público-privadas para que el sector privado participe en el financiamiento de infraestructuras que servirán directamente a sus empresas.
Además, advirtió que el aumento sostenido de la deuda pública incrementa la presión del pago de intereses sobre el presupuesto, reduce el margen de reacción ante futuras crisis, eleva la vulnerabilidad frente a subidas de tasas internacionales y puede desplazar inversiones prioritarias por el servicio de la deuda. “Cada dólar adicional prestado hoy representa impuestos futuros o restricciones presupuestarias futuras”, puntualizó. También cuestionó que el Gobierno no haya presentado a la población un plan claro de austeridad que detalle qué partidas serán recortadas, cuánto se recaudaría y cuál sería el destino de esos recursos.