Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó a la Administración de Donald Trump a seguir cobrando el gravamen global del 10 % impuesto en febrero, en una decisión provisional que mantiene la medida en vigor mientras avanza el proceso judicial. El pronunciamiento se produce después de que el Tribunal Supremo anulara gran parte del esquema arancelario previo del mandatario, lo que vuelve a situar bajo la lupa la manera en que la Casa Blanca ha intentado sostener su política comercial.
La nueva vía empleada por el Gobierno se sustenta en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite imponer aranceles globales de hasta el 15 % durante 150 días y que requiere la aprobación del Congreso para prolongar ese plazo. La vigencia de estas tasas concluye a fines de julio si no son prorrogadas por los legisladores, lo que deja abierta una discusión institucional sobre los límites del poder presidencial en materia arancelaria.
En mayo, un panel del Tribunal de Comercio Internacional en Nueva York resolvió por 2-1 a favor de una demanda de pequeñas empresas y declaró que los nuevos aranceles eran «inválidos» y «no autorizados por la ley», al considerar que Trump se había excedido en la autoridad delegada por el Congreso. Aunque el tribunal de apelaciones permitió por ahora seguir cobrando el 10 %, el caso mantiene vivo el contraste entre la ofensiva arancelaria del presidente y los reparos legales que ya han frenado parte de esa estrategia desde su regreso al poder en enero de 2025.