La despedida de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, terminó este domingo convertida en una exigencia de rendición de cuentas por la muerte ocurrida durante un operativo policial en La Cañada de Guajimía, en Herrera. La multitud que acompañó el cortejo hasta el cementerio Cristo Redentor convirtió el sepelio en una muestra de vigilancia ciudadana frente a un caso que ha sacudido a Santo Domingo Oeste.
Familiares, amigos, vecinos y decenas de motoristas caminaron por varias calles desde el sector donde vivía la víctima hasta el camposanto, entre gestos de consternación y pedidos para que el hecho no quede sin castigo. Lejos de cerrar el episodio, las honras fúnebres dejaron una presión pública sobre las autoridades para que el proceso no se limite a una reacción tardía tras el escándalo.
La indignación aumentó luego de difundirse un video en el que se ve el momento en que el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia dispara contra el joven cuando este se acercaba a informar que una motocicleta requisada era de su propiedad. Esa evidencia visual puso bajo escrutinio no solo la actuación individual del agente, sino también la respuesta institucional ante un hecho que volvió a cuestionar los resultados reales del aparato de seguridad.
Tras la conmoción, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el hecho de «indignante», y el Ministerio Público pidió prisión preventiva contra el agente, con audiencia fijada para este lunes. El presidente Luis Abinader condenó la actuación del cabo y dijo que debe recibir una sanción ejemplar, mientras la Policía Nacional lo entregó al Ministerio Público y sustituyó al comandante del Departamento Operativo de Santo Domingo Oeste. Sin embargo, para los presentes, esas medidas no responden la pregunta de fondo sobre cómo un operativo terminó con un joven muerto y por qué la reacción institucional vuelve a llegar empujada por la evidencia y la presión social.
Allegados describieron a Darlin Mercado como un joven trabajador que colaboraba con su padre en una empresa de luminotecnia y reclamaron que la investigación avance con transparencia. El entierro, más que un cierre, dejó abierto un expediente de responsabilidad pública: justicia para la víctima, vigilancia de la sociedad civil sobre el proceso y nuevas exigencias para que el poder explique por qué los anuncios y condenas oficiales no evitaron otro desenlace fatal.