A contrarreloj y bajo la presión de las protestas, el Congreso decidió modificar 18 artículos de la ley 74/25, que sustituye el Código Penal, en una rectificación que expone el costo institucional de legislar sin atender a tiempo objeciones de fondo. A 24 días de la entrada en vigencia de la norma y a 16 del cierre de la legislatura, el ajuste se produce con vigilancia pública y con preguntas abiertas sobre por qué las correcciones no se hicieron antes.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado, envió a comisión bicameral el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, con la promesa de aprobar los cambios antes del 3 de agosto. Sin embargo, el movimiento confirma el contraste entre el discurso de orden legislativo y una realidad marcada por rectificaciones de emergencia, luego de que diversos sectores advirtieran problemas en una ley ya aprobada.
La vía que termina imponiéndose es la planteada por el Poder Ejecutivo, por medio del ministro de Justicia, Antoliano Peralta: dejar que la ley entre en vigencia y después introducir modificaciones. En cambio, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otros sectores han planteado extender la vacatio legis para revisar con mayor detenimiento las solicitudes de cambio, una advertencia institucional sobre el manejo de una pieza con impacto directo en derechos y seguridad jurídica.
Las críticas se han enfocado en disposiciones que inciden en la libertad de expresión y en el ejercicio de la medicina, mientras organizaciones también acudieron al Tribunal Constitucional para buscar la despenalización del aborto en tres causales. La protesta en la Plaza de la Bandera y los cacerolazos en distintos sectores de la capital y del país terminaron empujando una respuesta política que no surgió de la previsión del poder, sino de la presión social.
Aunque el Senado asegura que la iniciativa recoge observaciones de juristas, académicos, comunicadores, medios, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, el giro de última hora vuelve a colocar bajo escrutinio al Congreso y al Ejecutivo: cuando una ley de este calibre necesita correcciones urgentes antes de arrancar, lo que queda al descubierto no es fortaleza institucional, sino desgaste de gestión y una forma de legislar que traslada incertidumbre y costo social a la ciudadanía.