El debate sobre el gasto en salud mental vuelve a poner en evidencia la distancia entre lo que el Estado garantiza en el papel y lo que realmente ofrece. Pese a que la Ley núm. 12-06 reconoce el derecho a una atención digna y de calidad, el diseño presupuestario descrito en el texto impide que ese mandato se cumpla, dejando a los ciudadanos entre normas que les reconocen derechos y una estructura pública que no les brinda una salida efectiva.
La contradicción central, según se señala, es que el área recibe históricamente apenas alrededor del 0,7 % del presupuesto general de salud, aunque las autoridades anuncian aumentos y la Organización Mundial de la Salud recomienda un 5 %. El contraste se vuelve más marcado porque, de acuerdo con los propios planes estratégicos del Estado, cerca del 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental. En la práctica, el problema queda admitido en el discurso oficial, pero sin el financiamiento necesario para enfrentarlo.
El efecto es un sistema en el que la atención psicológica y psiquiátrica existe como derecho formal, pero se convierte en un laberinto burocrático, legal y económico para quien necesita ayuda. Más que una discusión técnica sobre partidas, el texto lanza una alerta institucional: cuando el presupuesto no acompaña la ley, la política pública termina trasladando el costo de esa incoherencia a los pacientes y sus familias.