Con 23 votos favorables y en segunda discusión, el Senado de la República aprobó este viernes el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que ahora pasa a la Cámara de Diputados y luego al Poder Ejecutivo. La decisión no solo abre el siguiente tramo legislativo: también vuelve a colocar bajo observación una transformación que el Gobierno promueve como modernización, pero que surge en medio de fallas graves dentro del cuerpo del orden.
Impulsada por el Gobierno dominicano dentro de su proceso de transformación policial, la iniciativa plantea reforzar la institucionalidad, mejorar la supervisión y ajustar la gestión junto con el control interno. Aun así, el propio texto deja ver la dimensión del problema que sigue en manos del Congreso: endurece los requisitos para los principales cargos de dirección y establece un régimen disciplinario más riguroso frente a conductas irregulares que abarcan corrupción, abuso de autoridad, tortura, discriminación, acoso sexual y laboral, manipulación de pruebas, vínculos con el narcotráfico y uso indebido de bienes públicos.
Entre las modificaciones, el director general de la Policía Nacional, los subdirectores generales, el inspector general y el director de Asuntos Internos deberán ser generales activos, contar con título de maestría y acreditar competencias profesionales acordes con sus funciones. Además, se separan las tareas de investigación y de decisión sobre las faltas, con el propósito de asegurar mayor imparcialidad y transparencia en los procesos, un ajuste que refuerza la alerta institucional sobre debilidades que hasta ahora han requerido corrección legal.
El proyecto amplía también el catálogo de faltas muy graves e incorpora sanciones más severas para los agentes que incurran en esas conductas. Que el Congreso deba avanzar una reforma de este alcance para castigar con mayor rigor prácticas como la corrupción, el abuso o la manipulación de pruebas vuelve a situar el debate donde más pesa para la ciudadanía: no en el discurso de cambio, sino en la capacidad real del Estado para hacer cumplir controles, rendir cuentas y evitar que la reforma quede reducida a otra promesa administrativa sin impacto visible en la seguridad y la confianza pública.