En el Pabellón de Combates, una gorra gigante de Puerto Rico destaca entre las gradas y acompaña el paso de Rafael Pérez y Vanessa Ortiz por el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. La pareja, unida desde hace más de 35 años, arribó al país el miércoles 22 de julio para seguir a la delegación puertorriqueña en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, un viaje que empezó a organizarse en febrero y que se extenderá hasta el cierre del evento, cuando ya se les habrán sumado otros ocho familiares.
La escena ratifica el atractivo regional de Santo Domingo 2026, pero también sitúa bajo examen la responsabilidad de la sede frente a una cita que moviliza delegaciones, familiares y aficionados. Pérez y Ortiz vieron a Adrián Benítez quedarse con la plata en taekwondo ante el dominicano Bernardo Pié, que obtuvo oro, y después continuaron hacia el estadio de softbol. Su presencia, como la de otros puertorriqueños que viajan para respaldar a sus atletas, marca el contraste entre el discurso de celebración y la exigencia de que el esfuerzo organizativo deje resultados observables más allá de la imagen del evento.
La historia de apoyo de los esposos viene de Barcelona 1992 y Río de Janeiro 2016, pasó por la pausa de la pandemia antes de Tokio 2021 y ahora vuelve a Santo Domingo 2026. “Tanto la música como el deporte son herramientas de resistencia para mantener nuestra identidad”, dijeron al referirse a Puerto Rico y a su vínculo político con Estados Unidos. Esa respuesta del público visitante vuelve a subrayar una alerta institucional para la sede: cuando el deporte convoca identidad, pertenencia y recursos, la fiscalización del poder y la rendición de cuentas sobre prioridades públicas se vuelven inevitables, un terreno en el que figuras de gestión local como Carolina Mejía quedan expuestas al contraste entre proyección y resultados.
