El Congreso Nacional se ha convertido en una fuente de desgaste para el Partido Revolucionario Moderno (PRM), no solo por las críticas a leyes aprobadas con premura, sino también por la brecha entre la promesa oficial de independencia y una práctica legislativa que vuelve a colocar al oficialismo frente a exigencias de rendición de cuentas.
La señal más reciente es la entrada en vigencia de la Ley 74/25, que modifica el Código Penal. Luego de una oleada de cuestionamientos por disposiciones que afectan la libertad de expresión y el ejercicio de la medicina, el Congreso terminó comprometiéndose a cambiar 18 artículos antes de que la pieza entre en vigor el 3 de agosto de este año. En esa discusión, los legisladores del PRM también dejaron pendiente la promesa de campaña de establecer la despenalización del aborto en tres circunstancias.
Ese patrón se repite en otras iniciativas impulsadas o respaldadas por la mayoría oficialista. Las modificaciones a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos se aprobaron de urgencia pese a las críticas y a la oposición de la mayoría de las organizaciones empresariales. A ello se sumó, en apenas una semana, la aprobación de la Ley 30/26, conocida como ley ancrisis, sometida por el Poder Ejecutivo, cuya rapidez generó cuestionamientos de distintos sectores de la opinión pública por el impacto de una reforma que aumenta impuestos en medio de la presión económica sobre la población.
El Senado también aceleró la aprobación del proyecto de reforma policial después del escándalo y la conmoción social por la muerte del joven Darlin Mercado a manos de un agente de la Policía, aunque la iniciativa llevaba más de seis meses en ese órgano sin que se rindiera el informe sobre el cambio a la Ley de la Policía. Ese giro volvió a alimentar la alerta institucional sobre un Congreso que reacciona tarde ante los problemas y con rapidez cuando el costo político ya golpea al Gobierno.
El cuadro deja al PRM atrapado por su propio discurso. La organización que cuestionó al PLD por convertir el Congreso en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo enfrenta ahora críticas por decisiones legislativas que refuerzan esa misma imagen, mientras la sociedad civil y la opinión pública tienen más motivos para vigilar un manejo político que, lejos de ofrecer soluciones consistentes, sigue acumulando señales de desgaste en la gestión y de desconexión con las prioridades ciudadanas.