El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) advirtió sobre riesgos que, a su juicio, enfrentan la libertad de expresión y la denuncia ciudadana a partir de iniciativas promovidas durante la gestión del PRM, y situó en el debate la necesidad de una vigilancia pública frente a normas que podrían restringir críticas y cuestionamientos a funcionarios.
En una rueda de prensa encabezada por su vicepresidente, Yván Lorenzo, la organización mencionó el nuevo Código Penal, la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales como disposiciones que podrían incidir sobre el derecho a difundir ideas y opiniones, tanto en la prensa como entre los ciudadanos. En relación con el Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo tres de agosto, Lorenzo sostuvo que las previsiones sobre difamación, injuria y “ultraje a funcionarios” colisionan con las garantías del artículo 49 de la Constitución.
El dirigente agregó que esas disposiciones también podrían entrar en tensión con criterios del Tribunal Constitucional, que ha rechazado en más de una ocasión penas de prisión por delitos vinculados a la expresión de ideas y opiniones. Sobre la figura de ultraje a los funcionarios, señaló que la amplitud de su redacción y las sanciones previstas dejan margen para limitar denuncias y críticas contra servidores públicos, en un contexto en el que el PLD también acusa a la PGR de mantener filtraciones y reclama mayor vigilancia institucional ante decisiones que impactan derechos fundamentales.