La situación de los jubilados dominicanos vuelve a poner bajo examen la respuesta institucional ante uno de los costos sociales más sensibles: pensiones reducidas a montos insuficientes por una metodología de cálculo señalada como ilegal, sin ajustes por inflación y con pérdida del seguro médico. El señalamiento apunta a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), a la que se atribuye calcular pensiones con salarios ficticios, negar la indexación y desconocer el costo real de la vida, con impacto directo sobre miles de servidores públicos retirados.
El contraste con el marco legal resulta central. La Ley 379-81 dispone que la pensión debe calcularse en proporción al salario realmente devengado al momento del retiro, mientras la Ley 87-01 establece los principios de proporcionalidad y suficiencia para sostener un nivel de vida digno. Desde ese parámetro, la crítica no se limita a una falla administrativa: expone una brecha entre lo que ordenan las normas y lo que reciben en la práctica los pensionados.
La advertencia también alcanza al diseño general de la seguridad social. Según el texto, el sistema vigente se aparta de los principios de universalidad, suficiencia y dignidad, y termina reduciendo costos a expensas de quienes dependen de esa protección. En ese escenario, el debate deja de ser técnico y pasa a ser una exigencia de rendición de cuentas sobre un modelo que, lejos de proteger, agrava la vulnerabilidad de quienes ya salieron del mercado laboral.