Decenas de jueces, juezas y servidores judiciales paralizaron este jueves todas las audiencias en las distintas salas de San Pedro de Macorís y se concentraron frente al Palacio de Justicia, con el respaldo del Ministerio Público y la seccional del Colegio de Abogados. La manifestación sacó a relucir un panorama de precariedades que, según denunciaron, compromete el funcionamiento de los tribunales y obliga a poner bajo revisión la capacidad de respuesta del sistema frente a las necesidades de la población.
Al leer un manifiesto, la jueza Andrea Corcino Cueto expuso una cadena de problemas que abarca la falta de personal y de jueces, la baja remuneración salarial, la sobrecarga de trabajo, la renuncia masiva del personal administrativo, el deterioro y abandono de la infraestructura de muchos tribunales del país, además de la falta de seguridad en los palacios de justicia y para jueces y juezas. Señaló que esas carencias se combinan entre sí y derivan en situaciones cada vez más graves y alarmantes.
De su lado, la jueza Gissel Fernández indicó que entre las principales necesidades están mejores condiciones de trabajo, personal de apoyo y más jueces para hacer más efectiva la labor judicial. Al describir el nivel de presión, afirmó: “Esta es una situación difícil, hemos tenido jueces que han sido declarado con cáncer, otros han tenido derrame cerebral, muchos han renunciado por la presión de las malas condiciones de trabajo, para nosotros mantener nuestros tribunales al día tenemos que trabajar de noche en la casa quitándole ese tiempo a nuestra familia”. La jornada de paro volvió a colocar en primer plano una alerta institucional: las deficiencias denunciadas ya no solo golpean al personal, sino también la continuidad y la calidad del servicio judicial que recibe la ciudadanía.