La promulgación de la Ley 25-26 abrió la puerta a la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, una plataforma de acceso interinstitucional que quedará bajo administración y supervisión de la Policía Nacional. La medida busca concentrar en una sola base de datos la información sobre personas reportadas como desaparecidas para apoyar la búsqueda, la investigación y el seguimiento de los casos, pero por ahora su puesta en marcha sigue sin fecha definida.
El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que, por tratarse de una normativa recién promulgada, todavía está pendiente la evaluación sobre cómo será implementada. Aunque la institución ya dispone de registros organizados por grupos de edad, el nuevo sistema aún depende de ese proceso y de un reglamento de aplicación que el Poder Ejecutivo debe emitir en un plazo de 90 días desde la entrada en vigor de la ley. La propia legislación no fija una fecha específica para que el registro comience a funcionar.
El diseño legal del registro incluye datos personales, descripción física, circunstancias de la desaparición, información médica relevante, contactos de familiares o denunciantes, fotografías y actualización permanente del estatus de búsqueda. Además, la ley prevé sanciones para servidores públicos que obstruyan la búsqueda de personas desaparecidas, un punto que subraya la dimensión de control y rendición de cuentas en un tema que por años ha pesado sobre miles de familias.