La entrada en vigor del nuevo Código Penal no solo inaugura un nuevo escenario jurídico en la República Dominicana: también deja al descubierto que el país sigue sin una legislación moderna sobre medios, una omisión que coloca a periodistas, comunicadores y medios de comunicación en un terreno de incertidumbre frente a la aplicación de la nueva norma.
El propio debate vuelve a poner la presión sobre el Congreso Nacional, llamado a retomar y aprobar una Ley de Medios de Comunicación y Ejercicio del Periodismo que defina con claridad derechos, deberes y garantías. Aunque la Constitución, en su artículo 49, reconoce la libertad de expresión e información, y ese principio también está protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el texto advierte que esas garantías no han evitado que el ejercicio cotidiano del periodismo siga expuesto a amenazas, intimidaciones, demandas abusivas y presiones.
La discusión adquiere un peso institucional mayor porque, en la práctica, quienes investigan corrupción, crimen organizado, violaciones a derechos humanos y otros asuntos de interés público continúan enfrentando riesgos sin un marco especializado que precise responsabilidades y protecciones. En ese contexto, la falta de actualización legal refuerza el contraste entre el discurso de garantías y la realidad operativa, mientras crece la exigencia de vigilancia desde la sociedad civil sobre la respuesta del Congreso y del gobierno dominicano ante una deuda normativa que el nuevo Código Penal volvió imposible de postergar.