Con la promulgación, el 18 de junio, de la Ley 30-26 de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, reaparece una duda de fondo: si la reforma sirve de verdad para bajar la informalidad o si acaba ampliando la distancia entre el discurso de simplificación y la realidad de las mipymes. El balance sobre la norma sitúa ahí la tensión entre la necesidad recaudatoria del Estado y las condiciones de quienes trabajan con márgenes reducidos.
La ley recoge disposiciones orientadas a la micro, pequeña y mediana empresa, sobre todo el alivio al régimen de anticipos del Impuesto sobre la Renta. No obstante, ese ajuste comenzará a aplicarse desde el período fiscal 2027, aunque varias medidas de la propia ley ya están en vigor. En la práctica, eso mantiene sobre la mesa la exigencia de fiscalizar cuánto incide realmente la reforma: el pequeño empresario que opta por formalizarse y bancarizarse asume costos inmediatos mientras los beneficios prometidos quedan para después.
El asunto resulta aún más sensible porque el anticipo mensual se ha señalado como una de las principales barreras de entrada al sistema formal, al calcularse sobre una renta estimada y no sobre la efectivamente generada, con un impacto mayor en negocios estacionales o en etapa de arranque. A ello se suma la actualización del Régimen Simplificado de Tributación, vigente desde 2019 mediante el Decreto núm. 265-19. Más que la promesa legal, el reto institucional está en demostrar resultados concretos para una economía donde la informalidad arropa a más de la mitad de la actividad y donde cualquier reforma tributaria se mide por su costo social y por las explicaciones pendientes sobre su ejecución.