La promesa de inclusión sigue topándose con una realidad que deja fuera a niños neurodivergentes en República Dominicana. El cuadro descrito en el texto refleja un sistema sin capacidad suficiente: faltan escuelas, faltan terapeutas y falta respuesta estatal para condiciones como el trastorno del espectro autista, el TDAH y la dislexia, que necesitan entornos educativos adaptados e intervención temprana.
La presión sobre la red pública lo deja claro. El Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) de Santiago, único de la región Norte y receptor de casos de las catorce provincias del Cibao, tenía a inicios de 2025 más de 1,200 familias en lista de espera solo en esa sede. En todo el país, la red CAID acumulaba más de 3,200 familias esperando, con demoras que, según activistas de la inclusión, pueden llegar hasta cuatro años. En Santo Domingo Este la espera ronda las 580 familias y en San Juan de la Maguana cerca de 300.
La consecuencia es un costo social directo: la ventana de intervención más decisiva para niños de tres, cuatro o cinco años se acorta mientras las familias aguardan un cupo o terminan empujadas a centros privados con tarifas de 15,000. El caso retrata una alerta institucional y vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fiscalizar la gestión y los resultados reales de las políticas de inclusión, más allá del discurso oficial.