El Ministerio de Medio Ambiente admitió que la extracción ilegal de materiales en el río Camú continúa, pese a los operativos y sanciones desplegados para frenar la práctica en distintos puntos de La Vega.
La persistencia de la actividad deja en evidencia las limitaciones de la vigilancia oficial sobre un recurso hídrico cuya presión ha sido denunciada por comunidades de la zona, sin que las acciones ejecutadas hasta ahora hayan logrado detenerla de forma definitiva.
Aunque la entidad ha impulsado operativos y aplicado sanciones, el reconocimiento de que la extracción sigue activa abre interrogantes sobre el seguimiento de esas medidas, su capacidad de disuasión y los resultados concretos obtenidos en el territorio.
En un contexto donde las intervenciones del Estado deben traducirse en control efectivo y protección ambiental, el caso del Camú plantea la necesidad de mayor transparencia sobre la frecuencia de los operativos, el alcance de las sanciones y la efectividad real de la respuesta oficial.
La situación mantiene bajo presión al río y prolonga la preocupación de las comunidades que dependen de su conservación, mientras persiste la discusión sobre si las medidas aplicadas han sido suficientes para enfrentar una práctica ilegal que continúa repitiéndose.