La Operación Onco14, desplegada en Santiago como una extensión de la Operación Cobra, volvió a poner bajo la lupa el manejo de fondos y servicios asociados a SeNaSa. De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, en el Instituto Oncológico Regional Cibao (IORC) funcionó un esquema atribuido a Héctor Antonio Lora Cruceta, Luisa Yasires Guzmán y Dilcia Vargas Sánchez, mediante el cual dosis de medicamentos de alto costo se cargaban completas al seguro, aunque luego eran retenidas o entregadas solo en parte a los pacientes.
La investigación afirma que, después del cambio de administración en el centro, se localizaron almacenes con medicamentos de alto costo valorados en más de RD$3 millones, mantenidos allí de forma deliberada. El documento explica que esos fármacos no se entregaban porque, al tratarse de donaciones o asignaciones directas, no generaban el margen de ganancia ni las facturaciones alteradas remitidas a SeNaSa, una práctica que incrementa el daño sobre pacientes que dependían de esos tratamientos.
El expediente añade otras irregularidades atribuidas al grupo, entre ellas la asignación de gastos de representación de cientos de miles de pesos libres de impuestos por funciones que debían ser honoríficas. En el caso de Lora Cruceta, se indica una asignación mensual de RD$600,000 bajo ese concepto. El caso, que las autoridades relacionan con un perjuicio preliminar estimado entre RD$6,000 y RD$15,000 millones en la trama revelada por Operación Cobra, vuelve a poner presión sobre la rendición de cuentas y la vigilancia efectiva de las instituciones que administran recursos esenciales de salud.