Las licitaciones de cocinas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) quedaron sometidas a un escrutinio más estricto después de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmara que recibió 83 recursos jerárquicos, 13 solicitudes de medidas cautelares y una solicitud de investigación. El proceso comprende 34 licitaciones públicas nacionales, desde el procedimiento INABIE-CCC-LPN-2025-0051 hasta el INABIE-CCC-LPN-2025-0084, en las que se presentaron 2,656 ofertas y resultaron adjudicados 1,656 proveedores.
La DGCP indicó además que, junto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, profundiza la revisión de las adjudicaciones para identificar beneficiarios finales asociados a determinados procesos y comprobar posibles situaciones vinculadas con prohibiciones, incompatibilidades o nexos empresariales previstos en la normativa. A ello se agregan 43 contratos suspendidos por el propio INABIE por presuntos incumplimientos, que ahora pasan a formar parte de la verificación sobre las condiciones en que se ejecutaban.
Ante ese escenario, el órgano rector exhortó al INABIE a fortalecer la supervisión durante toda la vigencia contractual, con nuevas comprobaciones de la capacidad instalada de las cocinas e inspecciones periódicas y aleatorias. El volumen de recursos, las suspensiones y la intervención de instancias de control abren un nuevo frente de desgaste para la gestión y elevan la presión institucional sobre un proceso que deberá responder formalmente a cada expediente abierto.