La aprobación de la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal, volvió a encender una señal de alarma sobre la manera en que el Congreso dominicano y el oficialismo están legislando desde el poder: con un discurso de regulación que, en la práctica, puede terminar afectando el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.
En el debate se dibuja además un contraste difícil de obviar. De acuerdo con el texto, congresistas del partido oficialista respaldaron un Código Penal que hoy amenaza herramientas de denuncia y fiscalización pública que antes usaron con amplitud desde la oposición en medios digitales, radio y televisión. La pregunta que deja abierta la pieza es política e institucional al mismo tiempo: qué cambió entre pedir libertad para cuestionar y aprobar ahora normas que podrían estrecharla.
Uno de los puntos más delicados aparece en la Sección II, sobre infracciones contra las personas mediante imágenes, audios y montajes. El artículo 192 fija penas de seis meses a un año de prisión menor, además de multas de uno a dos salarios mínimos del sector público, por la difusión de imágenes o audios sin consentimiento. Aunque la protección de la privacidad es un objetivo legítimo, la preocupación está en una redacción que, como advierte el texto, no diferencia con claridad entre el ejercicio profesional del periodismo, amparado por principios éticos y normas legales, y la publicación de contenidos en redes sociales por usuarios particulares.
Ese vacío técnico no es menor. Cuando una ley mezcla la necesidad de frenar excesos con disposiciones que podrían alcanzar a medios y periodistas, el costo social deja de ser abstracto: se pone en riesgo el derecho ciudadano a estar informado y se debilita una función esencial de control sobre el poder. Lejos de cerrar el debate, la Ley 74-25 refuerza la exigencia de vigilancia pública y de rendición de cuentas a un Congreso que, según la propia crítica recogida, vuelve a exhibir falta de visión en un tema central para la institucionalidad democrática.