Tras la confusión generada en torno al Código Penal aprobado y su reforma, la Procuraduría General de la República salió a precisar que no se convirtió en delito, ni se castiga con prisión o multa, la creación o publicación de caricaturas, memes, parodias, sátiras, videos o imágenes con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o de crítica social. La aclaración fue difundida en una comunicación firmada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, luego de interpretaciones que, según la propia institución, alteraron la lectura pública de disposiciones penales relacionadas con contenidos digitales, alteración de imágenes, videos o audios y libertad de expresión.
El Ministerio Público sostuvo que esas expresiones no son dolosas cuando el contenido sea claramente reconocible como una obra de creación o ficción, no pretenda engañar al público con fines ilícitos y no atente contra la integridad de un niño, una niña o un adolescente. Para respaldar esa posición, la Procuraduría apeló al principio de legalidad penal y recordó que solo puede sancionarse una acción u omisión descrita de forma precisa e inequívoca por la ley; también advirtió que no procede hacer interpretaciones extensivas ni recurrir a analogías en perjuicio de una persona.
Aun así, la intervención oficial deja en primer plano la necesidad de fiscalización sobre el texto aprobado y el proceso político que lo acompañó, en un escenario en el que el gobierno de Luis Abinader y el Congreso quedan presionados para ofrecer certezas y no abrir espacio a dudas sobre libertades básicas. Si hizo falta una aclaratoria de este alcance para contener la confusión pública, el debate sobre la reforma queda atravesado por el contraste entre el discurso institucional y la exigencia de rendición de cuentas sobre sus efectos reales.