La trayectoria de los últimos sirios, libaneses y palestinos nacionalizados dominicanos en Haití refleja una situación de fragilidad institucional y de escasa protección frente a la persecución. Marcadas por la ley haitiana de 1903, que les impedía naturalizarse y abrir comercios, varias familias resistieron durante años bajo el respaldo del general Ignacio María González Santín, quien las reconoció como dominicanas y les entregó cartas de naturalización y pasaportes. Sin embargo, a finales de 1913 todos habían sido expulsados o habían cruzado la frontera para quedarse de forma definitiva en República Dominicana.
Ese cuadro de incertidumbre coincidió además con el relevo diplomático de 1911. González Santín dejó el cargo de ministro plenipotenciario en Haití a comienzos de marzo de ese año, durante la administración de Ramón Cáceres Vásquez, y fue reemplazado por Francisco Henríquez y Carvajal. Su llegada se demoró hasta el seis de julio, mientras Guarín González seguía como encargado de negocios, según informó José María Cabral y Báez. Al mismo tiempo, Haití atravesaba una crisis política abierta desde 1908, cuando Antoine Simon se alzó en armas, avanzó sobre Puerto Príncipe y derrocó a Nord Alexis, que huyó del país el seis de diciembre.
La presión sobre esos inmigrantes, lejos de cesar, continuó aun bajo la nacionalidad dominicana: no solo por parte del gobierno haitiano, sino también de comerciantes locales. Más allá de su valor histórico, el episodio deja una advertencia institucional que sigue vigente: la protección formal no bastó para impedir expulsiones, persecución ni desarraigo, una realidad que obliga a observar con atención el papel del Estado dominicano cuando sus nacionales quedan expuestos fuera del país.