El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el exsenador Rafael Porfirio Calderón Martínez, al entender que hay elementos suficientes para vincularlo con el esquema de corrupción administrativa desarticulado mediante la llamada Operación Calamar. La magistrada Sofía Bruno De Los Santos ordenó que el exlegislador por Azua responda en un juicio de fondo por los cargos presentados por el Ministerio Público a través de la PEPCA.
La decisión recae sobre un proceso separado del expediente principal, después de que el tribunal dividiera su caso por razones de salud. Durante la audiencia preliminar, el Ministerio Público y los abogados del Estado pidieron el envío a juicio, al afirmar que disponen de un compendio probatorio que respalda los hechos atribuidos al imputado. En cambio, la defensa, encabezada por Wilson Beriguete, solicitó un auto de no ha lugar con el argumento de que Calderón no cometió los hechos que se le imputan.
El expediente integra un caso que ha alcanzado a altos exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina. La apertura a juicio contra un exsenador vuelve a poner el foco sobre la vigilancia institucional y sobre la necesidad de resultados concretos en procesos de corrupción de alto perfil, en momentos en que el manejo de estos expedientes sigue siendo una referencia obligada para medir la capacidad de respuesta del sistema ante los reclamos de transparencia.