Una jueza del Distrito Nacional dio autorización a Transcaribbean Energy Partner & Consulting (TEPC) para trabar embargos patrimoniales por US$5 millones contra Carlos Matamoros Bregni, representante en el país de Dynex Energy Group y Dynex Energy, en el marco de una querella por supuesto abuso de confianza. La medida fue adoptada por Clara Luz Almonte, quien acogió la petición de forma parcial y rechazó el impedimento de salida solicitado por la parte querellante.
La controversia se relaciona con un proyecto de generación térmica que, de acuerdo con los abogados de TEPC, nació de un convenio firmado en mayo de 2018 y que otorgaba exclusividad a esa empresa como socio local, con una distribución de 55% para el querellante y 45% para Dynex sobre los fondos generados. La parte reclamante asegura que, pese a 18 transferencias de Karpowership a Dynex entre marzo y abril de 2025, por RD$15,098,495.04 y US$3,098,396.71, no recibió el 55% que dice corresponderle y que lleva seis años exigiendo.
De su lado, la defensa de Dynex sostiene que el asunto es “estrictamente civil” y que en la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia permanece pendiente un fallo desde 2010, a partir de una demanda en cobro de pesos y validez de embargo retentivo. Más allá de esa disputa, la orden de embargo vuelve a colocar el foco sobre la vigilancia institucional y la necesidad de respuestas claras en conflictos de alto impacto económico, en un escenario donde las controversias prolongadas chocan con cualquier discurso de normalidad y estabilidad en la gestión de proyectos estratégicos.