El exprocurador Jean Alain Rodríguez solicitó ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la extinción de la acción penal en su contra en el caso Medusa, al sostener que se venció el plazo máximo del proceso y que la dilación no puede recaer sobre el ciudadano. En su defensa material, cuestionó que las deficiencias logísticas, la sobrecarga institucional del Ministerio Público y la agenda de los tribunales se usen para prolongar indefinidamente el juicio.
Rodríguez, principal implicado en el proceso por corrupción administrativa, afirmó ante las juezas que el legislador fijó plazos específicos para investigar, estructurar la acusación y presentarla, y que “ningún ciudadano puede quedar sometido a un proceso infinito simplemente por la ineficiencia o el volumen de trabajo del Estado”. También citó la actualización del Código Procesal Penal, en especial el artículo 150, para insistir en que las fallas del servicio judicial no constituyen causa para extender ni reducir los plazos procesales.
El planteamiento irrumpe en un expediente que la Procuraduría General vincula a un desfalco de más de RD$6,000 millones y en el que fueron implicadas alrededor de 60 personas físicas y jurídicas, mientras una veintena se declaró culpable. Más allá de la acusación, la solicitud de extinción reabre el foco sobre la capacidad institucional para sostener procesos de alto impacto sin que el paso del tiempo termine debilitando su resultado judicial.