Un informe respaldado por especialistas en nutrición sitúa a República Dominicana en el indicador de que el hambre dejó de prevalecer, un resultado que la FAO vincula con el compromiso social del Gobierno, el campesinado productivo y grupos organizados contra la desnutrición. Sin embargo, el dato, presentado como una conquista, no clausura la discusión: más bien obliga a verificar si el discurso oficial se corresponde con la realidad alimentaria que todavía enfrentan amplios sectores.
El propio planteamiento recogido en el texto advierte que superar estadísticamente la pobreza alimentaria en su nivel más básico no es suficiente. Persisten daños sociales asociados a ingestas insuficientes o de baja calidad, mientras la obesidad —también una forma de malnutrición— aparece como un desafío en la población infantil. A ello se añade la exposición de las familias a alimentos ultraprocesados y la falta de información suficiente sobre sus efectos, en un entorno donde esos productos desplazan opciones saludables.
La principal señal de alerta institucional está en el costo de la vida. El mismo análisis apunta que salarios mínimos promedio por debajo del ingreso necesario para cubrir ese costo podrían empujar a un sector importante a dificultades para sostener una alimentación adecuada y permanente, sobre todo cuando suben los precios. En ese contraste entre celebración y carencias cotidianas queda abierto el punto central de rendición de cuentas para Luis Abinader y el Gobierno dominicano: convertir un avance reconocido en resultados estables para las familias, y no en una meta estadística desconectada de su mesa.