Keiko Fujimori inició su mandato como presidenta de Perú para los próximos cinco años con una agenda centrada en seguridad, reforma carcelaria y un aumento de 15 % al salario mínimo, de 1,130 a 1,300 soles. En su primer mensaje, también anticipó que pedirá al Parlamento facultades legislativas para enfrentar la inseguridad, en un arranque que combina promesas de respuesta rápida con nuevas exigencias de vigilancia sobre el uso del poder.
La toma de posesión, celebrada en el Congreso en el día nacional de Perú, marcó el retorno del fujimorismo al Gobierno casi veintiséis años después de la dimisión por fax de Alberto Fujimori desde Japón, tras destaparse un gigantesco escándalo de corrupción en su Administración. Antes del discurso, parlamentarios de izquierda abandonaron el hemiciclo al grito de “¡Justicia para las víctimas!” y exhibieron fotos de víctimas de la violencia estatal durante el mandato del exgobernante, condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, así como de fallecidos en la represión a las protestas tras la caída de Pedro Castillo.
Fujimori sostuvo que recibe un país “marcado por el abandono” y “un Estado debilitado por la improvisación”, con una ineficiencia estatal estimada en 40,000 millones de soles al año, y prometió ceñirse a un mandato de cinco años, “ni un año más”, ante el temor de sus opositores a una eventual perpetuación. El contraste entre ese diagnóstico y la solicitud de mayores poderes al Congreso deja abierto desde el primer día un frente de fiscalización política sobre seguridad, derechos y capacidad real de gestión.