La Fuerza del Pueblo acudió este lunes a la Cámara de Cuentas para reclamar una fiscalización sobre el Fideicomiso para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional (FTPN) y sobre todos los recursos públicos asignados a la reforma policial entre 2021 y 2026. La organización sostiene que, antes de abrir una nueva fase, el Gobierno debe explicar el dinero ejecutado y los resultados obtenidos.
La petición la presentó Josefina Reynoso, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esa organización, quien afirmó que el órgano fiscalizador puede disponer una auditoría especial conforme al artículo 10 de la Ley 10-04. Su reclamo coincide con la presentación de un nuevo proyecto de ley impulsado por el Gobierno dentro de la reforma policial, aunque la dirigente opositora advirtió que no puede seguir sumándose discurso oficial sin aclarar primero qué ocurrió con los fondos ya destinados al proceso.
Reynoso afirmó que desde 2021 se han anunciado inversiones, programas y acciones para transformar la Policía Nacional. No obstante, señaló que persisten dudas sobre el impacto de esas medidas frente a la percepción de inseguridad y los hechos de violencia registrados en el país, un contraste que vuelve necesaria la revisión del uso de los recursos públicos.
De acuerdo con su explicación, la auditoría permitiría establecer el monto total invertido entre 2021 y 2026, los recursos administrados mediante el fideicomiso, el destino de esos fondos, el nivel de ejecución de los proyectos financiados y el grado de cumplimiento de los objetivos trazados. También serviría para determinar si existe correspondencia entre la inversión realizada y los resultados alcanzados en el proceso de transformación institucional.
La representante de la Fuerza del Pueblo recordó además que, al inicio de la reforma policial, sus propios coordinadores ya habían planteado la necesidad de realizar auditorías. Con ese antecedente, la solicitud opositora se presenta como una alerta institucional sobre una reforma promovida desde el poder, pero todavía obligada a demostrar con cuentas claras y resultados verificables que no se quedó en anuncios.