Legisladores de la Fuerza del Pueblo que integran la comisión bicameral encargada de estudiar el proyecto de Código Penal advirtieron este viernes sobre el peligro de impulsar una revisión apresurada de una norma con incidencia directa en el sistema de justicia y en derechos fundamentales. Además, adelantaron que propondrán extender el período de análisis y habilitar espacios de participación para las organizaciones e instituciones que presentaron observaciones.
La bancada opositora cuestionó que las propuestas remitidas por distintos sectores se quieran conocer de manera “expresa y festinada”, una situación que vuelve a poner bajo escrutinio la forma en que se desarrolla una discusión sensible para el país. Según explicaron, la comisión recibió planteamientos de 84 organizaciones, ciudadanos e instituciones, lo que exige un examen técnico y jurídico que no puede resolverse en apenas horas sin exponer el proceso a contradicciones y cuestionamientos constitucionales.
“Resulta preocupante que se pretenda conocer estas observaciones de manera expresa y festinada, en apenas horas, sin agotar una discusión detallada de su contenido ni de las motivaciones que las sustentan. El país no puede permitirse volver a enfrentar controversias jurídicas, recursos de inconstitucionalidad o inconsistencias normativas derivadas de un proceso legislativo apresurado”, señalaron los congresistas, de acuerdo con un comunicado.
Los representantes de la Fuerza del Pueblo informaron que presentarán formalmente ante la comisión bicameral la propuesta de ampliar el plazo de estudio, a fin de asegurar una evaluación técnica, jurídica y constitucional de las recomendaciones recibidas. También plantearán la celebración de vistas públicas para que las organizaciones e instituciones consultadas expongan sus argumentos ante los miembros de la comisión.
Como alternativa, sugirieron convocar a representantes de esas entidades a reuniones de trabajo con la comisión si no se celebran vistas públicas. Con ese planteamiento, la oposición centra la atención en una exigencia de rendición de cuentas y vigilancia institucional sobre un proceso legislativo que, si se cierra con premura, podría trasladar al país el costo social y jurídico de una ley mal revisada.