El auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado por más de 19,000 millones de pesos volvió a colocar bajo escrutinio la respuesta institucional frente a expedientes de alto impacto. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, afirmó este lunes que la decisión de la magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, contiene “falencias procesales elementales” y confirmó que el Ministerio Público la apelará.
En un documento de prensa, Reynoso sostuvo que la lucha contra la corrupción “no se detendrá” y advirtió que dejar pasar una resolución que, a su juicio, no se sustenta en derecho y favorece a imputados con un rol fundamental dentro de una estructura criminal no sería “honesto ni justo para el país”. También aseguró que el órgano persecutor agotará todos los recursos procesales disponibles, mientras las demás instancias judiciales deberán asumir la responsabilidad que les corresponde conforme al derecho.
La procuradora agregó que no se puede ignorar que, según expuso, uno de los imputados favorecidos con el no ha lugar admitió haber recibido más de 700 millones de pesos en efectivo provenientes de actos de corrupción. Con esa apelación, el caso pasa a una nueva fase marcada por la exigencia de revisión judicial y por la presión de rendir cuentas en un expediente que involucra presunto daño al Estado por miles de millones de pesos.