En República Dominicana, el tránsito se ha convertido en una prueba diaria del contraste entre el discurso oficial y lo que ocurre en la calle: se anuncian planes, campañas, estrategias, leyes e inversiones para “ordenar” las vías, pero la ciudadanía sigue enfrentando los mismos tapones, las mismas violaciones, los mismos vehículos en mal estado y la misma sensación de abandono.
La imagen de “la fiebre en la sábana” retrata un patrón que ya no puede presentarse como una novedad administrativa. Cambian los nombres de los operativos, los horarios y los letreros, pero el problema de fondo permanece: un sistema vial saturado, la imprudencia convertida en rutina y un régimen de consecuencias tan débil que muchas normas terminan siendo letra muerta. Ahí se instala la principal alerta institucional: el Estado anuncia, pero no logra corregir.
Las cifras de la Dirección General de Impuestos Internos confirman la presión creciente sobre un sistema que no da respuesta. Al cierre de 2025, el país tenía 6,640,871 vehículos, 446,819 más que en 2024, para un crecimiento de 7.2 %. Las motocicletas representaban el 57.9 % del total, con 3,846,694 unidades. El volumen explica parte del colapso, pero no lo justifica por completo: en el Gran Santo Domingo, Santiago y otras zonas urbanas se repiten calles estrechas, intersecciones colapsadas, transporte público informal, falta de parqueos, semáforos descoordinados y una convivencia cada vez más riesgosa entre carros, motocicletas, guaguas, camiones y peatones.
Reducir la crisis al aumento del parque vehicular sería, justamente, la salida cómoda para el poder. El propio panorama descrito apunta a un problema de gestión y resultados: normas sin cumplimiento efectivo, controles insuficientes y medidas que no alteran la experiencia cotidiana de la gente. En ese escenario, la fiscalización deja de ser un discurso abstracto y pasa a ser una exigencia concreta frente al costo social del desorden, que golpea el tiempo, la seguridad y la calidad de vida.
Para el Gobierno de Luis Abinader y para las autoridades vinculadas a la gestión urbana, incluido el ámbito municipal donde figuras del PRM como Carolina Mejía tienen responsabilidad sobre la vida de la ciudad, el caos vial ya no puede venderse como un problema heredado ni como una simple consecuencia del crecimiento. La acumulación de anuncios sin alivio visible alimenta el desgaste de gestión y refuerza la demanda de rendición de cuentas de una sociedad civil que convive a diario con calles tomadas por la improvisación y la falta de autoridad real.