La citación judicial del Gobierno de Estados Unidos contra cuatro periodistas de The New York Times por una filtración relacionada con el nuevo Air Force One volvió a poner en primer plano la relación entre poder, transparencia y libertad de prensa. La medida, objetada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), llegó después de que el diario revelara supuestas preocupaciones del Servicio Secreto sobre la seguridad del avión presidencial donado por Catar y reacondicionado para los viajes oficiales de Donald Trump.
De acuerdo con el reportaje, la aeronave no cumplía con los estándares de seguridad del anterior avión presidencial. En vez de disipar públicamente las dudas sobre un asunto de claro interés ciudadano, el Gobierno estadounidense decidió citar a los periodistas para investigar de dónde salió la filtración, una decisión que la SIP presentó como una señal de alerta institucional.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, advirtió que involucrar de forma directa a periodistas en procesos judiciales puede afectar el ejercicio del periodismo y limitar investigaciones sobre temas de interés público. La organización añadió que este tipo de acciones puede generar un efecto intimidatorio sobre los profesionales de la comunicación y dificultar la circulación de información relevante para la ciudadanía.
Al tiempo que el Departamento de Estado intenta identificar a quienes entregaron la información, The New York Times anunció que apelará la orden judicial al considerar que su trabajo abordó un asunto de interés público. Para la SIP, aunque las autoridades sostengan que los periodistas no son el objetivo de la investigación, la presión judicial sobre la prensa deja un precedente delicado: cuando el poder responde con citaciones en lugar de explicaciones, el debate deja de ser solo una filtración y pasa a ser sobre controles, vigilancia y rendición de cuentas.