La madrugada del jueves terminó con 11 arrestos y, según las autoridades, con la desarticulación de una estructura criminal dedicada a recibir, almacenar y redistribuir cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica desde la región Este del país. La acción, bautizada como Operación LGTCA, fue ejecutada por el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y organismos de inteligencia del Estado.
Según la versión oficial, la red tenía su centro de operaciones entre la desembocadura del río Chavón y Bayahíbe, en un área turística que, de acuerdo con las investigaciones, servía para coordinar tráfico internacional de sustancias controladas. Las autoridades aseguran además que el grupo disponía de una estructura logística para mover varios cargamentos durante el año y que funcionaba como enlace de otras organizaciones criminales transnacionales que utilizaban territorio dominicano como punto de tránsito hacia Puerto Rico, con envíos en embarcaciones rápidas.
Más allá del resultado operativo informado por las autoridades, el caso vuelve a centrar la atención en la capacidad de vigilancia y control del Estado en zonas estratégicas del país. La Procuraduría detalló que en los allanamientos participaron 18 fiscales y más de 300 agentes de la DNCD, un despliegue que refleja la dimensión de una estructura que logró asentarse en el Este antes de ser intervenida y que presiona otra vez al gobierno dominicano para explicar prevención, supervisión y resultados reales frente al discurso oficial de control.