La decisión de Mario Díaz de rechazar el aumento del pasaje anunciado por transportistas de Santiago volvió a poner sobre la mesa una pregunta de rendición de cuentas: si el Gobierno dominicano mantiene congelados los combustibles que usa gran parte de la flota y sostiene subsidios para el sector, ¿con qué base se pretende cargar un nuevo costo sobre la población?
El dirigente sindical objetó el incremento informado por Juan Marte, previsto para entrar en vigor a partir del próximo lunes, al afirmar que en las condiciones actuales no existe sustento técnico, económico ni financiero para elevar las tarifas del transporte público de pasajeros. Su planteamiento expone una tensión que rebasa a Santiago: la distancia entre el discurso de protección al usuario y la obligación de vigilar que las ayudas públicas realmente frenen abusos en un servicio esencial.
Díaz recordó que el sector transporte continúa recibiendo apoyo del Estado, entre ellos el subsidio al gasoil para autobuses, minibuses y vehículos de carga, además del programa Bono Gas para carros del concho que operan con GLP. En ese marco, advirtió que trasladar aumentos a los pasajeros golpearía de forma directa la economía de miles de trabajadores, estudiantes y ciudadanos que dependen cada día del transporte público.
También exhortó a los sindicatos y organizaciones de transportistas de Santiago a dejar sin efecto la medida y planteó diálogo y concertación con las autoridades. Sin embargo, el episodio deja una alerta institucional más amplia: cuando hay subsidios, congelamiento de combustibles y aun así surge presión para subir tarifas, la sociedad civil y las autoridades están obligadas a fiscalizar mejor, exigir explicaciones y evitar que la gestión termine descargando sobre la gente un costo social que se supone debía contenerse.