El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, reconoció este lunes que la Ley 30-26, aprobada por el Congreso como un paquete de medidas de procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, no corrige el problema estructural de las finanzas públicas dominicanas. Pese a defenderla como una respuesta viable para el momento actual, admitió que aún está pendiente un pacto fiscal de mayor alcance.
En una conversación con Despierta con CDN, Díaz explicó que la pieza procura combinar nuevos ingresos, alivios para los sectores productivos y corrección de distorsiones tributarias acumuladas durante décadas. El Gobierno proyectó una captación adicional de entre RD$40,000 y RD$50,000 millones dentro de una estrategia de consolidación fiscal, combate a la evasión, simplificación y estímulos a la inversión. Aun así, el propio funcionario puso el límite de la ley al admitir que no resuelve el fondo del desequilibrio fiscal.
El ministro insistió en que la Ley 30-26 no debe interpretarse ni como una reforma fiscal integral ni como un simple parche, y detalló que incorpora cambios al Código Tributario, formalización de acuerdos de pago, regulación de descuentos por pronto pago y actualización de definiciones. También señaló que su entrada en vigencia será escalonada: la derogación del impuesto de 1 % a la constitución de compañías será inmediata, mientras que la eliminación del 2 % a las hipotecas tomará dos años y el gravamen selectivo a los seguros de vida se desmontará en tres. Otras disposiciones empezarán a regir desde enero de 2027, entre ellas la ampliación del régimen simplificado de tributación, la eliminación de anticipos para determinados contribuyentes y la indexación del mínimo exento del Impuesto sobre la Renta.