SANTO DOMINGO. – La denuncia del empresario Odanis Grullón por el desalojo y la destrucción de su establecimiento “Navío Bar & Seafood”, en la playa de Pedernales, pone bajo la lupa el proceder de las autoridades que participaron en el operativo. Según relató, miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) llevaron a cabo la intervención de forma presuntamente irregular, aunque afirma que el proyecto disponía de permisos legales y de una sentencia judicial que suspendía provisionalmente la medida.
Grullón explicó que su iniciativa turística fue desarrollada desde 2017 y que cumplió con los procesos exigidos ante distintas instituciones del Estado. Señaló que recibió autorizaciones de la alcaldía de Pedernales, permisos medioambientales y no objeciones de organismos relacionados con el control marítimo y territorial, por lo que el caso vuelve a poner sobre la mesa la coherencia entre los trámites aprobados por el propio Estado y las actuaciones posteriores de sus organismos.
De acuerdo con su versión, el operativo del pasado martes fue encabezado presuntamente por el director del SENPA, sin orden judicial y sin la presencia de representantes del Ministerio Público. Además, indicó que, tras recibir una notificación de desalojo del Ministerio de Medio Ambiente, acudió a los tribunales y obtuvo una decisión que suspendía la ejecución. La denuncia, presentada en “El Nuevo Diario en la Tarde”, incrementa la presión para esclarecer si hubo violación de garantías y uso irregular del poder en un caso que impacta la confianza en la gestión pública en Pedernales.