La Operación XL526, presentada por el Ministerio Público contra una supuesta estructura dedicada a la extorsión y al lavado de activos, pasó del golpe operativo al terreno de la fiscalización institucional luego de que abogados defensores denunciaran presuntas irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales de los detenidos.
De acuerdo con los juristas, durante los 28 allanamientos ejecutados en Santiago y Puerto Plata se produjeron detenciones sin las correspondientes órdenes judiciales, además de restricciones al acceso a la defensa técnica. También alegan que algunos imputados quedaron incomunicados y que no pudieron hablar con familiares ni con sus representantes legales en las primeras horas, al tiempo que cuestionan la presentación de pruebas por un supuesto incumplimiento de los protocolos de cadena de custodia.
La operación dejó 20 arrestos, entre ellos cinco identificados como cabecillas, y fue ejecutada por 35 fiscales junto a la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y HSI Santo Domingo. Aunque el Ministerio Público sostiene la legalidad del caso y asegura que dispone de abundante evidencia de estafa, chantaje y lavado de activos mediante criptomonedas y transferencias electrónicas, las denuncias de la defensa colocan el foco en la obligación de rendir cuentas sobre el respeto a las garantías constitucionales en un proceso de alto perfil.