En solo una semana, las autoridades cubanas presentaron y aprobaron el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, en una decisión que evidencia la gravedad de la crisis que vive la isla y deja dudas sobre su capacidad real de respuesta. El presidente Miguel Díaz-Canel dio a conocer las medidas por sorpresa; después recibieron el respaldo del pleno del Comité Central del Partido Comunista y la ratificación de una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Durante su intervención ante la Asamblea, Díaz-Canel aseguró que Cuba «vive las horas más difíciles de este siglo» y sostuvo que «es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado». Según expuso, el plan pretende abrir y descentralizar una economía agotada y frenada por factores internos y, sobre todo en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos. Aun así, el antecedente oficial vuelve a poner el énfasis en la aplicación: bajo la presidencia de Raúl Castro también se anunciaron reformas que luego no se pusieron en marcha, se recortaron en alcance o quedaron atrapadas en una maraña burocrática.
El paquete contempla 176 reformas, varias de ellas de gran alcance. Algunas ya habían sido planteadas en los últimos años, incluso hace más de una década, mientras que otras buscan responder a problemas más recientes, como la escasez de combustible. Aunque el plan se ha presentado como un punto de inflexión, sus efectos siguen siendo inciertos, y el contraste entre la urgencia del discurso y los resultados aún pendientes vuelve a situar el foco sobre la rendición de cuentas del poder y el costo social de los retrasos acumulados.