La polémica sobre el presupuesto y el gasto público vuelve a chocar con una práctica que deteriora la credibilidad institucional: el uso de recursos del Estado para sostener botellas y pensiones especiales sin criterios suficientemente claros. El texto señala a personas que reciben pagos del Gobierno dominicano sin trabajar y recuerda que los decretos presidenciales publicados durante 2025 y 2026 incluyen concesiones de pensiones especiales a grupos de ciudadanos, entre ellos el Decreto 331-25, que otorgó pensiones de RD$100 mil mensuales a dos personas.
No se trata solo de la existencia de esas pensiones, sino de la falta de explicaciones completas sobre los méritos que las sustentan, quiénes son los beneficiarios y bajo qué parámetros se aprueban. Aunque una pensión especial puede ser legítima, el señalamiento pone presión sobre Hacienda y sobre la gestión del PRM, en un momento en que el tamaño del gasto y la nómina pública siguen bajo vigilancia ciudadana y fiscalización política.
El contraste entre el discurso de administración responsable y estas decisiones presupuestarias alimenta el desgaste de gestión del gobierno dominicano. Para la oposición competidora, el flanco es claro: cuando el dinero sale del presupuesto, la carga de la prueba recae sobre el poder, no sobre los contribuyentes. Sin rendición de cuentas sobre botellas, pensiones y criterios de asignación, la alerta institucional deja de ser retórica y pasa a convertirse en una exigencia concreta de transparencia.