A 40 días de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Congreso volvió a colocar sobre la mesa la posibilidad de hacer ajustes al texto, todavía objeto de reparos por parte de distintos sectores.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, abrió la puerta a revisar las observaciones acumuladas en torno a la pieza, entre ellas las vinculadas con la libertad de expresión. Su planteamiento refleja que, pese al avance legislativo, persisten dudas sobre el alcance y los efectos prácticos de la normativa.
La discusión llega en un momento clave: el Código Penal ya tiene fecha para comenzar a regir, pero sigue generando cuestionamientos que obligan a una revisión más amplia si el objetivo es evitar vacíos, contradicciones o impactos no previstos.
Pacheco sostuvo que podría ser necesario “pasarle mano” al texto de manera amplia y compleja, una señal de que el debate no está cerrado y de que el Congreso tendrá que ponderar si mantiene la redacción actual o introduce cambios antes de su entrada en vigor.
El interés público del asunto es evidente. Se trata de una de las reformas legales más relevantes del país, con implicaciones directas en derechos, persecución penal y funcionamiento institucional. Por eso, cualquier ajuste deberá ser evaluado con transparencia, precisión técnica y responsabilidad política, para que la ciudadanía conozca qué se corrige, por qué se corrige y cuál será el impacto real de la norma.