El Colegio Médico Dominicano (CMD) impugnó ante el Tribunal Constitucional varios artículos del nuevo Código Procesal Penal, promulgado por el presidente Luis Abinader, al entender que la normativa puede tener un efecto directo sobre el ejercicio médico y la atención a los pacientes.
La acción del gremio abre un nuevo frente de conflicto en el sector salud y coloca bajo revisión una ley recién promulgada por el Gobierno, no solo por su contenido jurídico, sino por las consecuencias prácticas que podría generar en hospitales y centros asistenciales del país.
De acuerdo con la posición expresada por el CMD, la norma podría encarecer la atención, incentivar la salida de médicos de áreas de alto riesgo y profundizar las fallas que ya enfrentan los centros con menos recursos. El gremio sostiene que esos efectos impactarían de forma directa la calidad del servicio y la disponibilidad de personal especializado.
Aunque el Código Procesal Penal fue aprobado y promulgado como una pieza institucional del Estado, la impugnación obliga ahora a evaluar su alcance real, los costos de aplicación y el impacto que tendría sobre pacientes, médicos y hospitales, especialmente en un sistema que ya opera con limitaciones estructurales.
La discusión se traslada así al Tribunal Constitucional, mientras el sector salud queda a la espera de una decisión que defina si los artículos cuestionados se mantienen o deberán ser revisados.