El Colegio Médico Dominicano (CMD) sometió una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra artículos del nuevo Código Penal, al considerar que sus disposiciones pueden tener efectos negativos sobre el acceso a la salud y el ejercicio médico.
La organización advirtió que las normas impugnadas podrían encarecer servicios, provocar demoras en la atención y obligar a revisar disposiciones que ya habían sido cuestionadas por sectores vinculados al sistema sanitario. Con esa decisión, el conflicto legal sobre el alcance del nuevo código entra ahora en una fase de control constitucional.
Aunque la presentación de la acción corresponde al gremio médico y no al Gobierno, el caso vuelve a colocar bajo escrutinio el contenido de una pieza legislativa de alto impacto público. La discusión no se limita a su aprobación formal: también abre interrogantes sobre sus efectos reales en pacientes, profesionales y centros de salud, así como sobre la necesidad de claridad regulatoria para evitar incertidumbre en la prestación de servicios.
Hasta el momento, la información disponible no detalla cuáles artículos específicos fueron llevados al Tribunal Constitucional ni el alcance procesal completo de la acción. Sin embargo, la advertencia del CMD concentra el debate en un punto central: si el nuevo Código Penal introduce disposiciones que, en la práctica, puedan traducirse en mayores costos, retrasos o restricciones para el sistema de salud.
El caso queda ahora pendiente de la revisión del Tribunal Constitucional, en medio de cuestionamientos que trascienden el plano jurídico y alcanzan el impacto ciudadano de la norma.